El Consejo de la Juventud de Euskadi y otras once asociaciones, plataformas y sindicatos han exigido esta mañana «medidas urgentes de excepción frente a los desahucios», en un acto de protesta llevado a cabo frente al Museo de Bellas Artes de Bilbao durante la apertura de las Jornadas de transparencia en las políticas de vivienda: evaluación y participación ciudadana organizadas por el Observatorio vasco de Vivienda.
Bajo el lema ‘Menos palabras y más hechos contra los desahucios‘, los colectivos sociales han escenificado «el Via Crucis que sufren las 3.500 familias que han sido expulsadas de sus hogares en Hego Euskal Herria desde que estalló la crisis, en 2008». En este sentido, han criticado al Gobierno Vasco «por salir al rescatede las constructoras en vez de socorrer a las personas desalojadas».
Cargados con cruces y látigos, las y los manifestantes han representado el «calvario» que sufren miles de personas «debido a las políticas de vivienda de los últimos tiempos». Según las y los portavoces, «durante años, las administraciones y gobiernos (centrales, autonómicos y locales) han diseñado leyes, políticas fiscales y planes urbanísticos que contemplaban la vivienda como negocio y no como derecho». «Durante todo este tiempo -señalan- las y los jóvenes no han podido emanciparse con dignidad y a la edad desada; cientos de miles de familias han vivido asfixiadas por obscenos pagos de hipotecasy alquileres;
cientos de personas inmigradas han sufrido la discriminación inmobiliaria; y miles de viviendas han permanecido vacías mientras la administración convertía en suelo artificial decenas hectáre
as de tierra de gran valor agrícola y medioambiental». En este contexto -repasan-, llegó el día en que «la burbuja explotó y dejó en paro a miles de personas que vivían endeudadas o pagando alquileres desorbitados, condenando a cientos de ellas al desahucio».
Más de 3.000 desahucios
Según datos aportados por los colectivos sociales y sindicales, el año en que estalló la crisis se registraron en Hego Euskal Herria el doble de desahucios que en 2007. En concreto, en 2008 se llevaron a cabo 1.436 desalojos (451 en Navarra y 985 en la CAPV, frente a los 762 del ejercicio anterior -178 en la comunidad foral y 584 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa-. La peor cifra llegó en 2009, con nada menos que 1.255 expulsiones por ejecución hipotecaria en Euskadi y 738 en la comunidad vecina. En total, «cerca de 3.500 familias han perdido su hogar por no poder pagar las hipotecas».
Pero la crisis no ha afectado sólo a las personas hipotecadas. También las y los ciudadanos que vivían en alquiler han sufrido desalojos. Si bien no existen estadísticas oficiales, el número de juicios vinculados a lo contratos de arrendamiento puede dar alguna pista: entre 2007 y 2008, se incrementó en un 20%, según
los datos aportados por los movimientos sociales. «Por si fuera poco -lamentan- «el Gobierno ha aprobado la ley de desahucio exprés, que pone más fácil dejar en las calles a las y los inquilinos y, con la excusa de impulsar los pisos en renta, protege a las y los propietarios».
«Es inaceptable que la Administración salga corriendo a rescatar a bancos y constructoras con cantidades ingentes de recursos públicos y, mientras, no haga absolutamente nada por la gente que pierde sus hogares», denuncian. Para solucionar «este panorama» , han reclamado «medidas de excepción, como establecer una moratoria de desahucio y aplazar el pago de hipotecas o alquileres a personas que no puedan asumirlos».
«Hay que cambiar de modelo»
Al margen de las medidas coyunturales, los portavoces han exigido una reflexión sobre «el sinsentido del camino recorrido hasta la fecha». En su opinión, el futuro Pacto por la Vivienda y el correspondiente plan director, lejos de cambiar de dirección «profundizan en el viejo modelo, es decir, apuestan por políticas que priman los intereses del sector privado». En concreto, critican al Gobierno Vasco por «rediseñar las políticas de vivienda buscando productos a mitad de camino entre lo público y lo privado», algo que, en su opinión, se dirige a reactivar el sector de la construcción.
Suscriben el manifiesto el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Cáritas, Elkartzen, Kepasakonlakasa y los sindicatos ESK, Stee-Eilas, ELA y LAB así como EDE Fundazioa, Ezker Gogoa, Gazteleku y Berri Otxoak.