Sindicatos y colectivos sociales ‘entierran’ el Plan Director de Vivienda
• Denuncian que el documento «beneficia a bancos y promotoras» en perjuicio de la ciudadanía
• Critican que la Administración «no mueve un dedo contra los desahucios»
Bilbao, 24 de marzo de 2011. Sindicatos y colectivos sociales han escenificado esta mañana frente a la sede del Gobierno Vasco en Bilbao el entierro del Plan Director de Vivienda para denunciar que el citado documento «beneficia a bancos, cajas, constructoras y promotoras» en perjuicio de la ciudadanía.
En la protesta han participado ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK, además de los movimientos Kepasakonlakasa, Elkartzen, Berri Otxoak, Ezker Gogoa, Sare Antifaxista y el Consejo de la Juventud de Euskadi. Ataviados de luto y portando un ataúd, los congregados han teatralizado el sepelio de «un Plan que, en la medida que recoge las líneas del Pacto Social por la Vivienda, lejos de garantizar el derecho a la vivienda pretende socorrer al sector de la construcción, convaleciente de las consecuencias de la crisis económica». En esta línea, han explicado que, si bien el documento que regirá la política de vivienda durante el periodo 2010-2013 contiene en su planteamiento algunas ideas positivas como el fomento de la rehabilitación y el alquiler, se concretan en medidas que «perjudican a las personas adjudicatarias de pisos de protección pública».
Medidas contra el acceso a la vivienda
En primer lugar, señalan que el Plan prevé utilizar fondos públicos para la adquisición y urbanización del suelo. También han señalado que el documento ampara el aumento de densidad constructiva, «lo que supone que las constructoras podrán levantar más viviendas que antes en un mismo terreno y, por tanto, conseguir más beneficios». Por otro lado, explican que el Plan proyecta aumentar los precios de las viviendas de protección pública destinadas tanto a la venta como al alquiler, medida que «una vez más beneficia a las constructoras y perjudica la situación económica de las personas adjudicatarias, además de condicionar a muchas personas el acceso a esos pisos». Y mientras tanto -advierten- el Gobierno Vasco «no prevé ninguna medida para obligar a bancos, cajas y constructoras a terminar las construcciones paralizadas ni a dar uso a los cientos de viviendas vacías que tienen en sus manos».
Otra de las medidas que han criticado colectivos y sindicatos es el aumento de los ingresos máximos para poder optar a una VPO: «Lejos de garantizar a más gente el acceso a una vivienda, dificulta la entrada a quienes menos recursos tienen -que tendrán menos probabilidad de lograr un piso- y, además, abre la puerta a ese otro sector para obtener más ingresos, primando de nuevo el beneficio económico sobre el derecho a la vivienda», señalan.
«Por si fuera poco -añaden-, el Plan sigue primando la venta sobre el alquiler, dado que dedica casi el doble del presupuesto a la promoción en venta que al de alquiler».
«Ni un dedo contra los desahucios»
Por otra parte, en el Entierro del Plan Director han manifestado que «la Administración no mueve un dedo contra el número creciente de desahucios de familias que no pueden pagar la hipoteca, convirtiéndolas en sintecho con un montón de deudas, cuando en otros países ésta se cancela con la entrega de la vivienda».
En cuanto a la futura Ley de Vivienda, los citados sindicatos y movimientos sociales temen que se mantenga «la filosofía de palabras bonitas pero que se traduzca en medidas concretas a favor de bancos, cajas y promotoras, en perjuicio de quienes necesitan una vivienda». En este escenario, han reivindicado «menos planes, menos negocio y más hechos a favor del derecho a la vivienda».
MANIFIESTO:
NO A ESTE PLAN DE VIVIENDA,
SÍ AL DERECHO A LA VIVIENDA
El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 que el Gobierno Vasco aprobó el pasado 28 de diciembre de 2010 tan sólo es el disfraz con el que quieren esconder sus intenciones.
Plan de Vivienda = Pacto Social por la Vivienda
El Gobierno Vasco aprobó el Plan Director para plasmar medidas concretas que obedecen a la filosofía del Pacto Social por la Vivienda, firmado el 16 de junio de ese mismo año.
Los colectivos que suscribimos este comunicado declarábamos que se trataba de un Pacto que, lejos de garantizar el derecho a la vivienda, pretendía socorrer al sector de la construcción, convaleciente de las consecuencias de la crisis económica.
Así, además del contenido habitual de un plan de vivienda y algunas ideas buenas como el fomento de la rehabilitación y del alquiler, nos encontramos con una serie de medidas que benefician a las constructoras de viviendas de protección pública, y perjudican a la población adjudicataria de éstas.
Medidas a favor de las constructoras
Uno de los medios que plantea el Plan a la hora de favorecer a las constructoras es el suelo. De esta forma, programa, por ejemplo, utilizar fondos públicos para la adquisición y urbanización de suelo, o posibilitar la construcción de un mayor número de viviendas en un mismo suelo.
No contento con ello, también proyecta aumentar los precios de las viviendas de protección pública destinadas tanto a la venta como al alquiler. Con esta medida, además de beneficiar a las
constructoras, perjudica la situación económica de las personas adjudicatarias de las viviendas de protección pública y condiciona su acceso a las mismas.
Mientras tanto, no prevé ninguna medida para obligar a bancos, cajas y constructoras a finalizar y poner en uso los cientos de viviendas que tienen vacías o paralizadas.
Otras medidas contra el acceso a la vivienda
También contempla aumentar los ingresos máximos de los adquirientes de viviendas de protección pública, tanto en compra como alquiler. Esta medida, lejos de garantizar el acceso a la vivienda a mayor número de personas, dificulta la entrada a quien menos recursos tiene. Además, se abre la puerta a ese otro sector para obtener más ingresos, primando el beneficio económico sobre el derecho a la vivienda.
En la práctica el plan sigue primando la venta sobre el alquiler dedicando casi el doble del presupuesto a la promoción en venta que a la de alquiler.
Al mismo tiempo, no se mueve un dedo contra el número creciente de desahucios de familias que no pueden pagar la hipoteca, convirtiéndolas en sintecho con un montón de deudas, cuando en otros países ésta se cancela con la entrega la vivienda.
Si también en la futura Ley de Vivienda, la filosofía de ‘palabras bonitas’ se traduce en ‘medidas concretas en favor de bancos, cajas, promotoras etc. y en perjuicio de quienes necesitan vivienda’, nos tememos lo peor.